Extorsión en Buena Esperanza: encontraron amenazas en el teléfono de la víctima

La Justicia realizó las primeras pericias al teléfono de Derly González, el joven de 28 años de Buena Esperanza, San Luis, que decidió prenderse fuego tras sufrir una extorsión virtual. En el celular determinaron que había chats con un falso policía que amenazaba a la víctima.

El crudo relato de Horacio, papá del joven de Buena Esperanza

Así lo reveló Daniela Torres, fiscal de Villa Mercedes que tiene a cargo la causa. “Tenía comunicaciones con una persona que simulaba ser personal policial y le daba un plazo para un pago, que se acababa ese lunes 30 de mayo”, explicó en declaraciones a FM Ciudad.

Por estas amenazas relacionadas a un supuesto affaire sexual del joven con una menor de edad, González se quitó la vida al rociarse con nafta y prenderse fuego en el patio de su casa la madrugada del 31 de mayo.

Según el testimonio del padre de la víctima, la familia había encontrado chats en redes sociales en los que el joven se hablaba con una chica. Luego, era amenazado por el supuesto padre de la joven, que le decía que lo iba a denunciar ya que su hija, supuestamente, era menor de edad.

También, según contaron, había conversaciones con un falso abogado, un falso gendarme y un falso policía. Esto último es lo que pudo ser corroborado por la Justicia.

“Son demasiadas las comunicaciones que tenía en redes sociales. Empezaba en Facebook e iban hacia Instagram”, indicó la Fiscal.

Cabe aclarar que las acusaciones hacia Derly se trataban de una extorsión, ya que esta chica en cuestión no existiría, sino que se trataría de una cuenta falsa para fines delictivos.

Los chats con el falso policía

La charla con el falso policía se produjo por WhatsApp. Por los informes que recibió Torres, la línea telefónica utilizada por el extorsionador pertenecía a una persona fallecida. “Hay 9 líneas activas a nombre de esa misma persona”, explicó Torres.

Para continuar con la investigación, todavía caratulada “averiguación de muerte”, la fiscal solicitó informes para determinar si los contactos se establecían desde algún Servicio Penitenciario.

Además, pidió a WhatsApp la dirección IP del teléfono desde donde se emitieron las comunicaciones.

Una vez que se reúnan esos elementos, la fiscal podrá determinar el cambio de carátula de la causa.