Escándalo de los seguros: segunda imputación a Alberto Fernández tras la denuncia por “asociación ilícita y defraudación al Estado”

El expresidente Alberto Fernández fue imputado nuevamente este martes por el escándalo de los seguros. La acusación surgió tras la denuncia del Ministerio de Capital Humano. Suma así una segunda imputación en la causa por presunta corrupción en la contratación de seguros.

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La fiscalía también imputó a Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, e hizo lo propio con brokers involucrados en la causa.

El exmandatario suma otra imputación tras la denuncia radicada por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. El caso se relaciona con sospechas de negocios irregulares en la Anses, más precisamente con la contratación de seguros y comisiones millonarias que se pagaron a intermediarios cercanos a Fernández.

El fiscal federal Ramiro González destaca en su dictamen que ante “el estado en que se encuentra el proceso” se resolvió imputar a Federico Alejandro D´Angelo Campos, exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses), a Alberto Fernández (expresidente de la Nación), Alberto Pagliano (extitular de Nación Seguros), al responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y al responsable de TG Broker S.A.

El fiscal sostiene que “hay elementos suficientes para iniciar la investigación penal” por “perjuicio al Estado Nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros en el marco de la operatoria ‘Créditos Anses’ (Fondo de Garantía de Sustentabilidad)”.

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La denuncia se radicó por el delito de asociación ilícita y defraudación al Estado.

La primera imputación

Anteriormente, el 27 de febrero, la abogada Martínez denunció a Fernández y a Pagliano por la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la Anses a sus afiliados.

La denunciante pidió que se investigue “la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.