Santiago Cafiero firmó una resolución que delega la potestad de denegar información pública

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, firmó una resolución que delega la potestad de denegar información pública a cualquier funcionario que sea subsecretario o superior a ese cargo dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

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La Resolución 323/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial, señala que se delega “en los Titulares de unidades organizacionales de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con rango equivalente o superior a Subsecretario, la facultad para emitir el acto denegatorio de información dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública”.

De esta manera, quita su firma de los rechazos a los accesos de información pública. Mientras tanto, Cafiero analiza quién ocupará el cargo al frente de la agencia destinada a esa área.

Su candidato es el funcionario Gustavo Fuertes, pero recibió fuertes rechazos de ongs especializadas que pidieron por la remoción de su postulación. Incluso, los diputados de Juntos por el Cambio le reclamaron a Cafiero que designe a otro candidato.

Si bien “el sujeto requerido, solo podrá negarse a brindar la información solicitada por acto fundado”, y “dicha denegatoria debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad requerida”, Cafiero tomó en consideración un artículo del Decreto Reglamentario N° 206 del 27 de marzo de 2017.

“Se faculta a la máxima autoridad a delegar la emisión del acto de denegatorio de información en un funcionario cuyo cargo no sea inferior al de Director Nacional o equivalente según el sujeto obligado de que se trate”, señala.

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Así, el jefe de Gabinete dejará se ser la autoridad obligada a refrendar y argumentar las razones legales por la cual su área niega la información requerida.

Según publicó Clarín, las ongs especializadas en datos públicos y libertad de expresión indicaron que la gestión de Cafiero refleja una caída en los estándares de acceso a la información. Esto significa que se niegan más respuestas, con el amparo de la excepcionalidad que da la emergencia epidemiológica al trámite administrativo.