Prorrogaron el plazo para que Vicentin acuerde el pago de su deuda

La Justicia santafesina dictó una nueva prórroga para el acuerdo sobre el pago de la deuda de Vicentin. Si bien la empresa esperaba una extensión del plazo, la misma es menor a la que había pedido para cerrar la negociación.

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La resolución en los Tribunales provinciales de Reconquista establece que la agroexportadora tiene tiempo hasta el 31 de marzo de 2022 para definir cómo saldará el pasivo de 1.500 millones de dólares. La compañía pretendía negociar hasta junio.

Además de la prórroga, el juez Fabián Lorenzini pidió que la sindicatura presente “cronograma tentativo” del salvataje. En tanto, dejó en claro que los plazos pueden ampliarse nuevamente en los próximos meses según la situación dentro del concurso preventivo de acreedores.

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La nueva extensión del período de exclusividad es la segunda que solicita Vicentin. En esta instancia cosechó tanto el aval de los acreedores como de la mesa técnica que estudia los números del proceso.

La primera propuesta para saldar la deuda contemplaba una quita del 70% y un plazo de 15 años. A pesar de que incluyó un “reconocimiento en dólares y el pago en una sola cuota a acreedores de menor cuantía” no tuvo consenso.

En noviembre, Lorenzini rechazó la oferta y consideró que era “abusiva”. Así pidió una revisión “razonable” e insistió en la elaboración de dos planes: uno de “crisis” y otro de “reorganización empresaria”.

Otra negociación y el futuro del complejo de Avellaneda

Al margen de este proceso, Vicentin mantiene abierta la negociación de un acuerdo con Molinos Agro, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra (del grupo Glencore). Según trascendió, la propuesta de los tres inversores consiste en un aporte de capital para la salida del concurso pero en cuotas, como los pagos propuestos a los acreedores.

En ese plazo, las empresas continuarían operando a fazón en las plantas procesadoras de Vicentin del Gran Rosario. Esto les permitiría afrontar la deuda con el resultado económico de la operación de los muelles de la concursada.

Como el interés de las tres compañías inversoras está puesto en las instalaciones del cordón industrial. El juez pidió un detalle de plan de la compañía para el complejo fabril de la localidad de Avellaneda, que no aparece mencionado en las negociaciones.

“La sociedad concursada deberá confeccionar un informe circunstanciado de la situación actual, alternativas de reconversión y continuidad de las distintas unidades de negocios allí existentes (bioetanol, biodiesel, calderas, planta de alimentos balanceados, producción de harina de hueso”, enumeró Lorenzini.